La agrupación Red en Defensa del Agua y el Territorio Maya, conformada por integrantes de diversos municipios y puntos del estado, interpuso y presentó una denuncia popular y ciudadana ante las autoridades ambientales federales en contra de la industria porcícola instalada en distintas zonas de Yucatán. Lourdes Medina, abogada representante de la agrupación informó en que consiste esta demanda.
“Datos alarmantes que nos menciona por decir un detalle, un censo de más de 500 fábricas de cerdos, de las cuales la propia autoridad ambiental a nivel federal decía que ni 10 granjas tenía autorización de su estudio de impacto ambiental, es decir hablamos de una industria que está en total ilegalidad, que no se están midiendo los impactos y que no hay ninguna mitigación de los riesgos que están trayendo a la salud de todas y de todos”
Dentro de esta denuncia, la abogada detalló que están adjuntos diferentes estudios realizados en tiempos recientes como prueba del aparente daño ocasionado por estas empresas.
“Se realizaron por ejemplo análisis en el laboratorio de ecología microbiana y productos naturales marinos de UNAM en el cual este laboratorio tomaron muestras de agua en varias comunidades de las que ponen esta denuncia. Los resultados de la UNAM nos dicen la presencia de bacterias fecales, coliformes, ecoli y otros organismos peligrosos. Lo alarmante de estudio es que se tomaron muestras del agua de la llave, la que se supone está potabilizada y que ya fue pasada por un proceso de cloración” informó la abogada.
Entre las peticiones que los miembros de esta red se encuentra la no apertura de nuevas granjas o ampliación de las mismas y reparación de los daños que ya ocasionaron las que están en funciones.
“Que no se autoricen o renueve ninguna manifestación de impacto ambiental o cambio de uso de suelo para la instalación o apertura de una nueva o la otra modalidad, ampliación de granjas porcícolas en el estado de Yucatán. El código Federal de procedimientos civiles faculta a la PROFEPA de iniciar una acción legal que se llama acción colectiva, específicamente para que reclamen, para que se busque a través de la justicia federal que las empresas porcícolas sean condenadas a la reparación integral del daño que han causado y siguen causando en el estado de Yucatán”.
Por su parte, Wilberth Nahuatl, subcomisario de Santa María Chí declaró que mediante ampararos han logrado la orden de detención de la granja cercana a su localidad, sin embargo esta no es respetada.
“Hemos obtenido una suspensión definitiva, lo que significa que un juez federal ha ordenado la inmediata paralización de la granja y el retiro de los cerdos, sin embargo, hasta el día de hoy esa orden judicial no ha sido respetada ni cumplida, la granja sigue operando de manera normal como si no pasara nada, esto representa una clara violación al estado de derecho y a las decisiones del Poder Judicial” finalizó