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Guatemala: Las instituciones nacionales deben respetar el trabajo de los defensores de derechos humanos

El Secretario General de las Naciones Unidas expresó gran preocupación frente a la noticia de que al menos dos personas personas que cooperaron estrechamente con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) han sido detenidas recientemente en ese país.  

La CICIG operó en la nación centroamericana durante doce años, hasta 20219, según un acuerdo entre la ONU y el gobierno guatemalteco.

António Guterres subrayó en un comunicado de su portavoz que los los procesos judiciales deben cumplir con los requisitos de un juicio justo y del debido proceso, y que es deber de todas las instituciones nacionales respetar y observar la independencia del poder judicial.  

En consonancia con el Secretario General, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala y la Procuraduría de Derechos Humanos publicaron esta semana un informe en el que exponen la criminalización de las personas defensoras de las garantías fundamentales y el uso indebido del derecho penal en su contra.

El documento da cuenta de los riesgos que corren y los ataques de los que son objeto los activistas de derechos humanos en el país centroamericano.

El documento, que abarca el periodo del 1 de enero de 2017 al 30 de abril de 2019, señala que las personas y organizaciones defensoras continúan enfrentando múltiples amenazas que varían en función de las diversas cuestiones de derechos humanos que defienden o de su identidad, como es el caso de los pueblos indígenas, las mujeres o las personas LGBTIQ.

Pese a su papel fundamental en la construcción y consolidación de la democracia y el estado de derecho en Guatemala, los activistas de derechos humanos sufren agresiones de parte de actores estatales y no estatales que buscan disuadirlos de continuar con su labor.

El informe describe los peligros específicos y numerosos que enfrentan ciertos grupos de personas, entre los que se cuentan los pueblos indígenas; las mujeres defensoras; las personas defensoras LGBTIQ; los periodistas; los jueces y abogados independientes; y los activistas que defienden los derechos de víctimas del conflicto armado interno.

El informe reconoce que a lo largo de los años Guatemala ha logrado algunos avances en la protección y acceso a la justicia en casos de ataques contra defensores de derechos humanos, pero advierte que el país debe tomar medidas para conservarlos y seguir adelante en esa dirección.

Para ello, recomienda una serie de medidas para proteger las personas defensoras de los derechos humanos:

  • Adopción de una política pública de protección integral de esos activistas que incluya un presupuesto adecuado para su implementación
  • Prevención de ataques contra esas personas desde las instituciones del Estados a todos los niveles
  • Protección de la vida e integridad por medio de la evaluación de los riesgos individuales y colectivos de las distintas categorías y géneros de los defensores
  • Combate a la impunidad mediante la investigación independiente y oportuna, y –de ser el caso- la persecución en contra, de los autores materiales e intelectuales de delitos contra personas defensoras