Tapachula, Chiapas.- Con la aprobación de la Cámara de Diputados de una reforma que extiende hasta 2029 la participación del Ejército y la Marina en operativos de seguridad ciudadana, puede ser un cambio positivo para el combate al crimen organizado, porque son estas instituciones las únicas que pueden luchar frontalmente a la criminalidad que opera en el país.
El analista político y maestro en criminalística, Óscar Alvarado Cook, indicó que la Guardia Nacional va a estar unos años más bajo las órdenes de la Defensa Nacional, lo cual es positivo ya que se podrá combatir al crimen organizado desde sus estructuras, siempre y cuando el Presidente de la República cambie la fallida estrategia de “abrazos no balazos”.
Subrayó que es necesaria la intervención del ejército y la marina, debido a que las policías estatales y municipales de todo el país están corrompidas, así como lo están algunos gobernadores y presidentes municipales, y son los menos confiables para el combate contra el crimen, como lo señaló una encuesta nacional difundida hace algunos días.
Destacó que la estrategia de seguridad por parte de López Obrador no ha funcionado por empecinarse a no combatir frontalmente al crimen organizado, situación que ya fue criticada por el gobierno de Estados Unidos quienes han calificado a México como un narco estado, por lo que los ánimos están al límite y esta situación debe cambiar.
Expuso que la teoría del presidente López Obrador es combatir las desigualdades sociales para aminorar la incursión de los jóvenes al crimen organizado, pero al cabo de 4 años de gobierno esto no ha funcionado, por ello es necesario usar medidas que ayuden a establecer un estado de derecho en que las familias del país vivan con tranquilidad.
Se esperan amparos de los partidos políticos por razones de inconstitucionalidad con lo de la Guardia Nacional, sin embargo, es fundamental tener presente que el crimen organizado sólo se puede combatir con las fuerzas armadas federales.
La Guardia Nacional fue creada en 2019, está conformada por 115 mil elementos de formación militar. Al ser formada se estableció una cláusula que indicaba que durante los cinco años siguientes el presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria y esta vez se ha extendido hasta el 2029.