El Colegio Nacional de Abogados de Migración y Derechos Humanos, con sede en Tapachula, señaló una serie de irregularidades contra migrantes que comenten funcionarios del Instituto Nacional de Migración y destapó la corrupción al interior de la Estación Migratoria Siglo XXI
La representación de esta asociación civil, detalló, en la Oficina de Representación Migratoria del gobierno de México en Chiapas, existe una red de corrupción que, al parecer involucra a funcionarios y supuestos abogados que condicionan a los migrantes detenidos a pagar para ser liberados.
“Hemos detectado serias irregularidades y corrupción en la estación migratoria siglo XXI, principalmente al derecho de una defensa legal, una funcionaria que es coordinadora y enlace entre abogados y migrantes al interior, a nosotros no permite ingresar, pero con cierto grupo de abogados que no son titulados se encargan de extorsionar y sacar dinero a los migrantes.
José Gildardo Galdámez / Pdte Nacional Colegio de Abogados de Migración AC.
De acuerdo a José Galdámez, la funcionaria coludida con 4 abogados, piden de 300 a mil dorales para dejar salir a los migrantes que son asegurados en los diferentes operativos que realizan la autoridad migratoria en Chiapas.
Esta funcionaria, supuestamente, favorece a los abogados para poder cobrar esta cantidad de dinero e impide la defensoría legal de este colegio de litigantes.
“Ella ya tiene su red de abogados, a quienes le pasa a los migrantes que supuestamente asesora legalmente para liberlarlos, por 300 o mil dólares. Al parecer la coordinadora se llama Yuliana Morales, de la cual pedimos que la cambien, porque, nosotros ya no vamos a permitir más atropellos”.
Además, los funcionarios de migración, mal informan a los extranjeros en el interior, pues le dicen que los abogados no los pueden sacar.
Este grupo de abogados, llegó hasta la puerta de acceso de esta oficina de representación, para entregar un documento al director de la Estación Migratoria y a la delegada de migración en Chiapas, Paola López Rodas, con el fin de que detengan este grave problema de corrupción y violación a los derechos humanos de los migrantes.
Enfatizó, que existe una red de corrupción al interior del inmueble custodiado por policía federal, en donde al parecer el jurídico puede estar coludido. Es una violación sistematiza a los derechos humanos de los migrantes, no les permiten llamar, los insultan para desesperarlos y orillarlos a pagar de 6 mil a 20 mil pesos con los abogados a modo al Instituto Nacional de migración en Chiapas.