Al ser requeridos los permisos correspondientes, los encargados de la obra presentaron documentación firmada por la alcaldesa de Sinanché, lo cual generó sorpresa, ya que el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial del Estado de Yucatán (INSEJUPY) tiene claramente delimitado ese espacio como territorio de Yobaín.
Ante la evidente irregularidad y la negativa de los responsables a detener las obras, incluso intentando agredir verbalmente a las autoridades de Yobaín, se procedió a la clausura inmediata del proyecto.
El caso ha generado fuertes críticas hacia Palma Bacelis, a quien ya se le había cuestionado anteriormente por presuntos actos de opacidad en el manejo de recursos y decisiones administrativas dudosas.
Mientras los habitantes exigen claridad y sanciones, la polémica siembra dudas sobre los intereses detrás del crecimiento inmobiliario en la zona costera y el respeto a los límites municipales.