Con motivo del escrito de queja recibido por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, en el que se denunciaron presuntas violaciones a los derechos humanos de personas privadas de la libertad del Centro Penitenciario de la Villa de Etla, Oaxaca, se inició el expediente DDHPO/518/(06)/OAX/2026.
Asimismo, personal de este Organismo se constituyó en dicho Centro Penitenciario, donde diversas personas cuya identidad se reservan, expresaron actos que pueden constituir violaciones a sus derechos humanos; dijeron encontrarse amenazados por el director con ser trasladados a un Centro Federal en caso de quejarse.
Dicho expediente se acumuló al similar DHPO/079/(06)/OAX/2025.
Por lo anterior se emitió una Medida Cautelar dirigida al Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, consistente en que el Órgano Interno de Control de esa Secretaría inicie un Procedimiento de Responsabilidad Administrativa al director del Centro Penitenciario, separándolo de manera temporal del cargo, con la finalidad de que no exista la posibilidad de obstaculizar la investigación.
Y es que personas privadas de su libertad del Centro de Reinserción Social (CERESO) No. 2 de Villa de Etla, hicieron llegar una denuncia escrita a la Defensoría, en donde expusieron presuntos actos de corrupción, extorsión, hostigamiento y abusos de autoridad al interior del penal.
En el documento, fechado el 4 de mayo de 2026, los denunciantes señalaron directamente al director del centro penitenciario, Hugo González Pérez, así como a mandos de seguridad identificados con los alias de “Pastor” y “Pechugón”, de encabezar una red de cobros indebidos relacionados con renta de teléfonos celulares, “cobro de piso” y supuestos privilegios dentro de distintos sectores del reclusorio.
Los internos aseguraron que durante operativos de revisión se decomisan celulares y otros objetos, los cuales presuntamente son devueltos posteriormente tras acuerdos económicos.
Además, las revisiones son abusivas y podrían constituirse como abuso sexual por lo que demandaron la intervención inmediata de autoridades estatales y organismos defensores de derechos humanos para que se lleve a cabo una investigación a fondo.