La Secretaría de Marina desmanteló 109 cámaras “parásitas” de videovigilancia empleadas por la delincuencia organizada en Acapulco, Guerrero.
Tras recibir diversas denuncias anónimas, en las que informaron, que hombres armados se encontraban instalando cámaras de vigilancia en los postes de luz; los navales realizaron recorridos de disuasión y vigilancia.
Derivado de estas acciones, encontrando varios equipos colocados de manera artesanal, procediendo a efectuar el desmantelamiento.
Los equipos asegurados fueron puestos a disposición ante la Fiscalía General del Estado (FGE), con la finalidad de integrar la carpeta de investigación correspondiente.
Cabe señalar que este delito se caracteriza por el uso de sistemas de vigilancia no autorizados para obtener información sobre movimientos de las fuerzas de seguridad, con el objetivo de facilitar actividades delictivas.
El desmantelamiento de las cámaras reduce las capacidades de la delincuencia organizada para el trasiego de drogas y actividades de narcomenudeo.
Entre el 2024 y 2025 se han desmantelado mil 27 dispositivos de vigilancia en diferentes entidades.
En Baja California Sur, 35 cámaras, que se encontraban en las localidades de San Carlos, Ciudad Constitución, La Paz y Los Cabos.
En Sonora, 90 cámaras en los municipios de Obregón, Guaymas y Cajeme.
En Veracruz, 553 en los municipios de Panuco, Córdoba, Orizaba, Medellín de Bravo, Coatzacoalcos, Minatitlán, Cosoleacaque, Acayucan, Soconusco, Oluta, Naranjos, Tuxpan, Tihuatlán, Poza Rica, Xalapa, La Antigua, Boca del Río, Alvarado y Las Choapas.
En Quintana Roo, 18 cámaras en los municipios de Othón O. Blanco y Chetumal.
En Chiapas, 71 cámaras en el municipio de Frontera Hidalgo, Suchiate y Mapastepec.
En Puebla, 34 cámaras erradicadas en los municipios de Puebla y Xicotepec.
En Tlaxcala, 24 cámaras erradicadas en los municipios de Apizaco y Tlaxcala.
En Guerrero, 46 cámaras erradicadas en Acapulco.
En Sinaloa, 256 cámaras erradicadas en el municipio de Culiacán.
La Marina de México, manifestó su compromiso con la población, coadyuvando con autoridades de los tres órdenes de gobierno, para inhibir las actividades ilícitas y mantener el orden público, garantizando con esto el bienestar de las familias.