La localización de restos humanos calcinados y cientos de zapatos y objetos personales en un predio de Jalisco ha desatado polémica y encendido las alertas de las autoridades.
El dantesco hallazgo, efectuado a mediados de la semana pasada por un grupo de activistas en un terreno de aproximadamente una hectárea de extensión en el municipio de Teuchitlán, ha evidenciado una vez más las fallas y omisiones de las autoridades para llevar adelante las investigaciones y atender uno de los mayores problemas del país: las más de 120,000 personas desaparecidas, según expertos.
A pesar de que en septiembre y enero pasados las autoridades intervinieron el predio, conocido como rancho Izaguirre —donde incluso se descubrió un centro de adiestramiento del crimen organizado, y fueron detenidas y posteriormente liberadas una treintena de personas que presuntamente eran víctimas de reclutamiento forzado—, las investigaciones no se profundizaron.
No fue sino gracias a una llamada anónima que recibió el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, integrado por activistas que buscan a sus familiares desaparecidos, que el 5 de marzo se lograron descubrir en el rancho Izaguirre numerosos restos calcinados que estaban bajo capas de ladrillo y tierra, y cientos de zapatos y objetos personales.
“Esta finca fungía como de adiestramiento, entrenamiento, y aunque se ha escuchado muy feo, muy fuerte, fue de exterminio”, declaró a The Associated Press la activista Indira Navarro, líder de Guerreros Buscadores de Jalisco, al hablar de los restos de dentaduras, cráneos y otros huesos que las integrantes del colectivo encontraron quemados y enterrados en fosas.
Al hablar de las fallas que han rodeado las investigaciones del caso, Indira atribuyó las deficiencias a la gestión del exgobernador de Jalisco Enrique Alfaro, al que acusó de tratar de “ocultar este tipo de situaciones o hallazgos”.