Enviaron un posicionamiento dirigido a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña, 31 gobernadores del país y el jefe de Gobierno de la ciudad de México, en el que solicitan que no se elimine la prisión preventiva oficiosa
En calidad de Amicus Curiae, señalaron que “se trata de una decisión que impactará directamente en la seguridad y gobernabilidad del país, y con ello en la de las entidades federativas””.
En el mismo documento, explicaron que el objetivo no es sólo el de impedir la vulneración de la Carta Magna sino también “evitar un grave impacto en la seguridad pública de las y los mexicanos, de las víctimas y testigos, así como la culminación de procesos penales seguidos en contra de sujetos que han cometido delitos de alto impacto”.
“No podemos dejar de señalar el colapso de los tribunales federales que derivaría de la necesidad de verse obligados a analizar todas y cada una de las solicitudes de modificación a la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa”, escribieron las personas servidoras públicas firmantes.
Además se argumentó que “la figura de la prisión preventiva oficiosa responde, pues, a una política de combate al crimen que permite garantizar una adecuada conducción del proceso penal y lograr el esclarecimiento de los hechos, proteger a las víctimas de los delitos, procurar que el responsable no quede impune, así como lograr que sean reparados los daños causados por el delito”.