Fue el pasado 13 de octubre cuando el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato, concedió la suspensión provisional en contra del decreto ya publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), que establece el que la Guardia Nacional (GN) pase a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), sin embargo el día 19 del mismo mes se dio a conocer que un tribunal federal en Guanajuato revocó la suspensión que buscaba evitar la militarización de la GN.
En el Segundo Tribunal Colegiado en materia Administrativa en el estado de Guanajuato, los magistrados por unanimidad consideraron que el amparo promovido por el activista Ángel Castro Gómez, no contaba con interés jurídico o legítimo. El magistrado Gerardo Mendoza, aseveró que “de ninguna manera se acredita que con esa transferencia se ponga en riesgo la esfera jurídica del quejoso”.
A lo anterior, se agregó que “el interés jurídico del quejoso no llegó a un medio de convicción más allá del carácter de defensor de derechos humanos con el que se ostentó, este tribunal colegiado advierte que esa autodeterminación como defensor de derechos humanos, tal como lo hace valer la autoridad recurrente, es insuficiente para conceder la suspensión provisional solicitada en tanto el quejoso no acreditó ni siquiera de manera indiciaría un agravio diferenciado que genere un daño inminente o irreparable”.
Joan Ochoa Sada, vocero de Uniendo Caminos México, quien forma parte de las organizaciones que se unieron interponiendo 53 amparos colectivos contra el mismo decreto, en declaraciones pasadas para la Organización Editorial Mexicana, había sido firme en pronunciar que estaban en contra de la militarización de México.
“Estamos en contra de que se legalice la seguridad pública de manera militar, una cosa es que se pida un auxilio y otra cosa es que de manera legal ya puedan hacer esta tarea sin que haya un órgano fiscalizador al respecto”, señaló el ya mencionado.