Reportan desabasto de medicamentos en reclusorios federales, CNDH pide a las autoridades garantizar solución

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), advirtió que en los reclusorios federales derivado de la reducción presupuestaria, se está presentando un desabasto de medicamentos. Se contempla que son cerca de 10 centros de reclusión federales, que desde noviembre del 2021, se enfrentan a esta situación. Fue a través de un comunicado donde la CNDH, especificó que del periodo que comprende de enero a diciembre del año pasado, se recibieron “un total de mil 543 quejas en materia penitenciaria, de las cuales 958 quejas señalaron como derecho vulnerado el derecho a la salud, correspondiendo a un 62.1% del total de quejas recibidas durante el año que acaba de terminar”.

Así mismo, comunicaron que su personal se dio a la tarea de confirmar durante el pasado 6 y 7 de enero la situación que se vive en  los Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos) de Ocampo, Guanajuato; Almoloya de Juárez, Estado de México; Guadalupe Victoria y Gómez Palacio en Durango; Guasave, Sinaloa; Hermosillo, Sonora; Coatlán del Río, Morelos; Buenavista Tomatlán, Michoacán; Ramos Arizpe Coahuila y Mihuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. De los ya mencionados, el organismo aseguró que  “existe escasez de medicamentos controlados y de alta especialidad, lo cual fue corroborado por las personas privadas de libertad, quienes precisaron que el poco medicamento que les proporcionan no corresponde con las indicaciones médicas, pues se les entrega incompleto o en dosis menores, situación que ha agravado del mes de noviembre de 2021 a la fecha”.

Dicho lo anterior, la CNDH hizo un llamado pidiendo de manera urgente que se implementaran medidas cautelares al titular del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OAPDRS), esto con el objetivo de que se brindaran los medicamentos necesarios a las personas privadas de la libertad. Aunado a esto, afirmaron que desde el 2021 las quejas reportaron un notable aumento, sobre todo en aquellos pacientes que sufren de enfermedades crónico-degenerativas, psiquiátricas y de especialidad. Este escenario ha desencadenado que “las personas privadas de libertad pasen largos periodos sin tratamiento, que el personal de esos establecimientos modifique las dosis y tipos de medicamentos prescritos por los médicos tratantes y/o se solicite a los propios internos o sus familiares que cubran los costos de los fármacos, lo que además se somete a un procedimiento que demora de 30 a 45 días, generando disgusto e inconformidad en la población interna”.

Por otro lado, en referencia a lo declarado por las autoridades, indicaron sucede para justificar irregularidades y, “se basa en el cierre de presupuesto y la falta de recursos para la adquisición de los medicamentos, teniendo que esperar hasta el mes de febrero de 2022 para que se autorice el presupuesto fiscal y se efectúen las gestiones para la adquisición y abasto de tratamientos”. De acuerdo con lo publicado por la revista Proceso, garantizaron que se mantendrán de cerca en este caso “para que las autoridades penitenciarias, en coordinación con las autoridades de las Secretarías de Salud, federal y estatales, realicen las acciones que garanticen el abasto suficiente de medicamentos que requieren las personas privadas de libertad”.