Organizaciones civiles y personas defensoras de derechos humanos unieron su voz para expresar su respaldo a la Jueza Karla Macías, esto tras los señalamientos realizados por el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Ricardo Mejía Berdeja, en las que argumentaba que la juez se excede en sus facultades, además de que acusó que “este tipo de resoluciones afecta la seguridad pública”.
A través de un comunicado y bajo el hashtag #IndependenciaJudicial, las organizaciones civiles firmantes recalcaron que “un principio básico de las democracias es la separación de poderes, es decir, un poder no debe intervenir en la competencia de otro, ya que se perderían los equilibrios básicos que son necesarios para la gobernabilidad en un país”.
Dicho lo anterior expusieron que el Poder Ejecutivo “no puede interferir ni manifestarse sobre asuntos que están pendientes de resolución por el Poder Judicial”, y es que el hacerlo refleja “un ataque a la independencia judicial”. Mediante el documento hicieron un llamado a los poderes Ejecutivo Federal, así como a todos los estados de la República Mexicana, el que su actuar se apegue a lo establecido en la Constitución, respetando de esta manera la división de poderes, por lo que se les exhortó a “no menoscabar la independencia judicial”.
También se les exigió a las autoridades mexicanas asumir su responsabilidad en conjunto con las fiscalías y procuradurías en el combate a la impunidad, todo esto tomando en cuenta que “la garantía de los derechos no es fuente de impunidad, la ineficacia y las violaciones al debido proceso sí lo son”. Mientras tanto al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, en conjunto con los ministros y ministras, se les solicitó a resolver “las acciones, controversias y amparos sobre militarización que están pendientes”.
Las organizaciones civiles hicieron un enérgico llamado al Consejo de la Judicatura Federal, esto “para que instaure un sistema de protección para las juezas y jueces que reciban ataques o criminalización por realizar su trabajo y que se les proteja para que puedan seguir cumpliendo con su mandato”.