El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidió a México que anule urgentemente la prisión preventiva obligatoria, conocida también como “prisión preventiva oficiosa” o “automática”, que está incluida en la Constitución de ese país.
La presidenta del Grupo Miriam Estrada-Castillo, emitió un comunicado en el que indicó que “la prisión preventiva oficiosa es contraria a las garantías internacionales de protección de derechos humanos, como lo ha indicado la jurisprudencia del Grupo de Trabajo en múltiples ocasiones”.
Estrada-Castillo añadió que la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como el Comité de Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura, han adoptado conclusiones similares.
Según el artículo 19 de la Constitución, el ordenamiento jurídico mexicano obliga a los jueces a imponer este tipo de detención a todas las personas acusadas de determinados delitos, una circunstancia que, en su opinión, condujo a “múltiples violaciones de sus derechos humanos, como la presunción de inocencia, el debido proceso y la igualdad ante la ley”, señaló la experta en el documento.
Asimismo, añadió que la prisión preventiva oficiosa también es contraria a la independencia judicial, al deber de fundamentar jurídicamente los motivos de la detención, compromete gravemente el derecho a la integridad personal y la garantía de no ser víctima de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Pese a ser consciente de los desafíos a los que se enfrenta el Gobierno de México en materia de seguridad pública, el Grupo de Trabajo reiteró que la prisión preventiva oficiosa coloca a México en franca violación de sus obligaciones internacionales de derechos humanos, asumidas con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
El Grupo de Trabajo lleva insistiendo a México en la necesidad de resolver urgentemente este problema estructural desde el año 2018 y le ofreció reiteradamente la asistencia técnica necesaria.