A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Unidad para América del Norte y la Dirección General de Protección Consular y Planeación Estratégica, México da puntual seguimiento al proceso de litigio sobre el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés).
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) anunció que el pasado 31 de octubre entró en vigor la nueva regulación para preservar y fortalecer el programa DACA.
Sin embargo, la implementación de dicha regulación se encuentra suspendida temporalmente, debido a una decisión de la Corte Federal del Distrito Sur de Texas, del pasado 14 de octubre.
Pese a lo anterior, es importante señalar que la actual implementación del programa DACA y la situación de las personas beneficiarias se mantiene sin cambios.
Por ello, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) informó que seguirá renovando los permisos a las personas inscritas en el programa DACA, quienes continuarán protegidos contra la deportación, podrán renovar sus permisos de trabajo y tendrán la posibilidad de obtener autorizaciones para viajar fuera de Estados Unidos.
Lo anterior quiere decir que, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos podrá recibir nuevas solicitudes, pero no podrá procesarlas.
El Gobierno de México lamenta que la situación sobre el futuro de DACA permanezca aún incierta, en especial para las 480 mil 560 personas mexicanas, que representan casi el 81% del total de beneficiarias con permisos actualmente vigentes, y quienes constituyen un grupo diverso de profesionistas y emprendedores que aportan con su talento al desarrollo de la sociedad estadounidense en diversos ámbitos.
La falta de una solución migratoria permanente para los “dreamers” les coloca en una situación de vulnerabilidad e incertidumbre.