Bastaron más de 12 años para que el matrimonio entre personas del mismo sexo fuera legal en todo el país, siendo el último estado que faltaba para que entrara en vigor la aprobación, Tamaulipas aprobó el matrimonio igualitario el pasado 26 de octubre con 23 votos a favor, 12 en contra y dos abstenciones.
Ciudad de México fue la primera entidad en darle legalidad en marzo de 2010.
Antes de su aprobación, Tamaulipas era el estado con mayor cantidad de amparos interpuestos. La organización de la sociedad civil México Igualitario contabilizó un total de 140, con lo que superó a Chihuahua, que iba a la cabeza antes de conseguir la aprobación.
Un día antes de Tamulipas, el matrimonio igualitario también se aprobó en Guerrero con 38 votos a favor, seis en contra y dos nulos.
Con la aprobación en Ciudad de México, se inició la tendencia en otros estados. Quintana Roo lo hizo en 2012; Coahuila en 2014; Chihuahua y Nayarit en 2015; en 2016 sucedió lo mismo en Campeche, Michoacán, Morelos y Colima; en 2017, Chiapas; en 2019 Nuevo León, San Luis Potosí, Hidalgo, Baja California Sur y Oaxaca.
Mientras que en 2020 también entró en vigor en los estados de Puebla y Tlaxcala ; en 2021, Sinaloa, Baja California, Yucatán, Querétaro, Sonora, Zacatecas y Guanajuato. Este año se aprobó en Jalisco, Veracruz, Durango, Estado de México, Tabasco, Guerrero y, finalmente, en Tamaulipas.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 58 por ciento de la población de 15 y más años se encuentra unida: 31 por ciento es soltera y 10 por ciento es separada, divorciada o viuda.
El número de matrimonios heterosexuales ha ido en decremento en los últimos 12 años, y el de matrimonios igualitarios ha incrementado, aunque estadísticamente aún es una minoría. En 2010 se registraron 568 mil 632 matrimonios heterosexuales, 380 entre hombres, y 309 entre mujeres.
Es importante recordar que el matrimonio igualitario fue aprobado en 21 estados en los últimos tres años. Además, falta legislación en los estados de Chihuahua, Nuevo León, Chiapas, Aguascalientes y Guanajuato. Desde 2015, la Suprema Corte de Justicia resolvió que los Congresos estatales que no legislen en ese sentido están incurriendo en una inconstitucionalidad.