Continúa la preocupación en torno a la militarización del país, en esta ocasión fue el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas (ONU) sobre Desapariciones Forzadas, así como la Oficina en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ONU-DH), quienes expresaron su alarma ante las reformas que se buscan ampliar hasta el 2028 la participación del Ejército en las tareas de seguridad pública.
La ONU-DH hizo referencia a lo dicho recientemente desde Ginebra por la Alta Comisionada interina, Nada Al-Nashif sobre la permanencia de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública, cuando expresó que es fundamental profundizar aún más en el tema, previo a tomar una decisión definitiva.
Detallaron que las reformas contradicen las “recomendaciones anteriores a México, sobre el retiro de las fuerzas armadas de las operaciones de seguridad pública como una medida para prevenir las desapariciones forzadas”.
Aunado a esto, destacaron que la preocupación extrema gira en torno “en lo que consistentemente han sostenido mecanismos internacionales de derechos humanos desde al menos 1998”, por lo que incluso la Comisión Interamericana solicitó a las autoridades mexicanas el que se revisara la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, “con el fin de mantener a las fuerzas armadas en el rol propio para el cual fueron creadas”.