La presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana, la diputada Juanita Guerra Mena de Morena, dio a conocer que se daría paso a la presentación de una iniciativa para inhabilitar las líneas telefónicas fijas y móviles relacionadas con extorsiones en el territorio mexicano. Fue a través de un comunicado, en el que se explicó que la propuesta tiene como fin reafirmar y perfeccionar los convenios de colaboración institucionales, ya que “la cooperación que ya establece la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión no se ejerce por un vacío legal”.
La ya mencionada externó que “la normatividad vigente indica que los concesionarios de telecomunicaciones deben proveer a la autoridad información de los aparatos móviles y ubicación digital de las líneas telefónicas que se requieran, además de tomar medidas técnicas para conservar dicha información”.
De la importancia del mecanismo de cooperación explicó que vendría a sumar ya que “no se cumple debido a que, como consecuencia de la redacción y la arquitectura de esta parcialidad normativa, no se establece que sea obligación de la autoridad investigadora la solicitud de información o de desactivación tanto de aparatos de telefonía celular, como de las líneas telefónicas utilizadas para la comisión de delitos”.
La diputada detalló que la iniciativa proponer reformas en dos vertientes. La primera a la Ley de la Fiscalía General de la República, a fin de que esta instancia de procuración de justicia requiera obligatoriamente y de manera mensual a los concesionarios, la cancelación de las líneas telefónicas reportadas como de uso para extorsión, así como de la cancelación del teléfono utilizado.
El segundo aspecto se refiere a la adición a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para que una vez remitida la solicitud de cancelación de servicio de la línea telefónica y la inhabilitación permanente del equipo, los concesionarios proceden de manera inmediata. Juanita Guerra Mena, indicó que “de esta manera, estamos complementando un vacío normativo que quedó pendiente desde la expedición de la norma federal en materia de telecomunicaciones, al tiempo que se vuelve obligatorio para la Fiscalía, la implementación de una acción viable, tecnológicamente posible”.