El Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato, de momento concedió la suspensión provisional en contra del decreto ya publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), que establece el que la Guardia Nacional (GN) pase a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). Lo anterior, se da con el propósito de evitar la militarización de la GN, sin embargo es importante aclarar que desde luego está pendiente que se resuelva el juicio de amparo, esto es si se concede o no el amparo para que la GN pase a manos de la SEDENA.
La jueza determinó que por el momento no se transferirá “el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional”, por lo que el organismo continuará “bajo el mando de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana como prescribe el artículo 21 de la Constitución”.
Son distintas las voces que se han pronunciado en contra de la militarización de México, sin embargo quienes en esta ocasión tomaron cartas en el asunto interponiendo 53 amparos colectivos contra el mismo decreto, fue la organización Fuerza Ciudadana Uniendo Caminos México y Unión Cívica 1 país, así como la Firma Jurídica AC&AC Asociados y Tojil Eek, esto de la mano con más organizaciones de la Sociedad Civil y ciudadanos.
El objetivo señalaron es que se declare inconstitucional el decreto que incorpora la GN a la SEDENA. A través de un comunicado firmado por el vocero de Uniendo Caminos México, Joan Antonio Ochoa Sada, se detalló que las mismas organizaciones han dado seguimiento a la lucha desde la aprobación de la Ley de Seguridad Interior y recalcaron que “la militarización de la Seguridad Pública en el país, no es la solución, sino que debe de acompañarse las Fuerzas Armadas en conjunto con la Seguridad Pública Civil”.
De manera más especifica la jueza ordenó que la GN siga como parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, aunado a que se ponga en pausa la transferencia de los distintos recursos entre las Secretarías y de haber iniciado el proceso, se deberá retornar al funcionamiento anterior. A las autoridades se les llama a acatar la medida, en un escenario donde suceda lo contrario se podría dar una multa de hasta 100 Unidades de Medida y Actualización (UMA), que son aproximadamente 9 mil 622 pesos.