Después de que la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg), emitiera una serie de recomendaciones al Gobierno Municipal, tras confirmar que en la manifestación feminista del primero de mayo sí se violaron los derechos humanos de las personas detenidas durante la protesta, la presidenta municipal de Irapuato, Lorena Alfaro García, ofreció una disculpa pública y se comprometió a que no se presente nuevamente una situación de esta naturaleza, donde se violente la dignidad humana. Esto de acuerdo con el reporte del Periódico Correo.
“Esta disculpa pública no la ofrezco solamente como una atención y seguimiento de la recomendación de la procuraduría, sino que representa mi firme convicción de respetar la libre manifestación y los derechos humanos de las personas; es por ello que repruebo todos aquellos actos que atenten contra dignidad humana y refrendo mi compromiso de actuar con pleno respeto al marco constitucional y a los derechos humanos. En los próximos días estaremos dando cumplimiento a todas y cada una de las recomendaciones emitidas por la procuraduría a quienes fueron afectadas en sus derechos”, expresó Alfaro García.
La alcaldesa añadió que su objetivo es “restaurar la herida social”. Por lo anterior, también se comprometió a dar seguimiento a las labores de sensibilización y profesionalización de todo el personal municipal. Fueron tres puntos principales, los que la edil destacó dentro de sus promesas:
- Fortalecimiento a la capacitación al personal operativo de la corporación municipal a fin de garantizar un trato digno y con perspectiva de derechos humanos en el ejercicio de sus funciones.
- La sensibilización y actualización a las personas servidoras publicas que desempeñan funciones de seguridad, privilegiando de manera permanente los contenidos temáticos en materia de derechos humanos.
- El impulso al establecimiento y observancia de las disposiciones normativas para erradicar cualquier acto que pueda violentar un derecho humano.
Alfaro García aseguró que seguirán trabajando para “sentar las bases para un respeto pleno del estado de derecho y a los derechos humanos de cada persona”.