La propuesta de elegir mediante voto popular a consejeros y magistrados electorales tendría un costo superior a los ocho mil millones de pesos, que contrasta con el principio de austeridad que busca el propio gobierno en su iniciativa de reforma electoral, señala un estudio de la Dirección General de Difusión y Publicaciones del Instituto Belisario Domínguez (IBD).
El documento titulado “Ventajas, costos y riesgos de la elección popular de las autoridades electorales en México”, sostiene que la iniciativa del Ejecutivo ofrece ventajas como el fortalecimiento de la democracia, una mayor legitimidad de las autoridades electorales, así como posibilidades de mejora e innovación institucional como producto de la competencia política.
Sin embargo, señala que, por otro lado, la propuesta de elegir mediante el voto popular a consejeros y magistrados electorales también implica costos y riesgos que no deben perderse de vista en el proceso de deliberación legislativa.