El Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) gastó 648.4 millones de pesos en uniformes, prendas y materiales que debían llegar a los estudiantes de las comunidades más pobres y apartadas del país durante el ciclo escolar 2021-2022 para el regreso a clases presenciales tras el confinamiento por la pandemia de Covid-19, pero “no existe evidencia” que acredite que los niños o los padres de familia los hayan recibido, revela una auditoría interna.
Al cierre de 2021 la institución encabezada por José Gabriel Cámara y Cervera reporta una serie de irregularidades en su primer año de gestión por las cuales el despacho Gossler (firma representante en México de Crowe Global) determinó que su opinión era “con salvedades”.
Entre lo que observó hay un total de 841.5 millones de pesos que no tienen respaldo documental ni de haber favorecido a 579 mil 782 niños de 35 mil 108 comunidades del país durante el ciclo escolar que terminó a finales de julio pasado.
En su mayoría –648.4 millones– son recursos que corresponden a uniformes e insumos que salieron del almacén central pero no llegaron a los más pobres del país. El resto corresponde a materiales educativos que tampoco recibieron las escuelas.
“Dentro del estado de actividades, en el rubro de Materiales y Suministros, cuentas contables de Materiales de Administración y Vestuario Blancos Prendas, que suman un importe de 648.4 millones de pesos al 31 de diciembre de 2021, en estas cuentas, se registran los costos de materiales y/o vestimenta a las figuras educativas y los beneficiarios finales; sobre el particular los controles implementados no muestran la evidencia de la recepción de esos materiales a los destinatarios finales (padres o niños)”.
La institución también dejó pendientes de comprobar más de 16 millones 070 mil pesos autorizados para viáticos y otros gastos en el ejercicio presupuestal de 2021 así como 27 millones 724 mil pesos que no pudo comprobar en 2020.
El Conafe es un organismo descentralizado de la Secretaría de Educación Pública (SEP) encargado de llevar los servicios de educación básica a niños y adolescentes que viven en localidades marginadas de alta y muy alta marginación del país, en las que no es posible contar con un servicio educativo regular.