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Organizaciones piden uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos.

En el marco al el décimo aniversario de la reforma a su Artículo 4º., en el que se reconocen los derechos humanos al agua y saneamiento. Organizaciones civiles exigen la creación de una Ley General que defina las bases, apoyos y modalidades para el acceso, uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos.

Por ello, reiteraron la urgencia de fortalecer y defender el estado de derecho a través de impulsar la armonización de los marcos normativos que corresponden a la conservación, aprovechamiento, manejo y administración del agua por medio de una Ley General de Aguas. Esta, ha quedado pendiente durante casi una década de manera deliberada, violentando tanto el compromiso de México ante las Naciones Unidas como el mandato de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por otra parte, el gobierno mexicano tiene una gran deuda pendiente con el pueblo, al mantenerse en desacato, ya que es una obligación tanto del Congreso como del ejecutivo aprobar una ley digna para la gestión sustentable y equitativa del agua basada en la integración, complementariedad y transversalización de los derechos humanos. Además, es su deber que por medio de un marco jurídico eficaz, establezca competencias y responsabilidades claras que resuelva y prevenga los conflictos actuales.

En la conformación de iniciativas para dicha ley, la ciudadanía no se ha quedado en la exigencia, sino que ha participado y propuesto rutas de acción. Sin embargo, fue ignorada su demanda, una que emergió de la realidad social, en donde la mitad de la población sufre de mala calidad o intermitencia en el acceso al vital líquido, y al menos diez millones de personas sufren la falta de acceso completa y servicios de saneamiento, en especial la población más vulnerable.