En sesión ordinaria del Congreso de Tlaxcala, celebrada este martes, los integrantes de la Legislatura actual, aprobaron por unanimidad tipificar conductas delictivas conocidas como “cobro indebido”, “gota a gota” y “cobro de piso”, estableciendo sanciones adecuadas para cada una, esto comuna respuesta a una de las necesidades que apremiaban a ciudadanos de diferentes municipios de Tlaxcala.
Esta iniciativa, enviada al Congreso local por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, surgió como respuesta al aumento de prácticas delictivas que afectan la economía y seguridad ciudadana, en particular el sistema de cobro “Gota a Gota”. Este esquema se caracteriza por préstamos informales con tasas de interés “impagables”, así como el uso de intimidación, ya que es una problemática detectada en municipios como Apizaco, Tzompantepec, San Pablo del Monte y Calpulalpan.
Con la aprobación de esta iniciativa, se establece una sanción clara y específica para el delito de “cobro indebido” y sus modalidades, de ahí que quien obligue a otra persona, mediante amenazas o violencia física o moral, a realizar una acción u omisión relacionada con una obligación civil o mercantil para obtener un pago o beneficio, enfrentará una pena de 10 a 15 años de prisión y una multa de dos mil a tres mil UMAs.
Esta pena se incrementará hasta en una mitad si el delito es cometido por servidores públicos, miembros de empresas de seguridad privada, a través de medios electrónicos, con armas o instrumentos de amenaza, contra menores de 18 años o adultos mayores de 60, desde centros penitenciarios o causando daños, entre otros supuestos.
También se sancionará con uno o hasta siete años de prisión y multa de cinco mil a ocho mil UMAs a quien, sin autorización de las autoridades financieras, otorgue préstamos o créditos aprovechándose de la necesidad económica o el desconocimiento de las personas, imponiendo garantías o ventajas desproporcionadas. Esta pena se incrementará hasta en una mitad si se emplean medios coactivos, intimidación o amenazas.
De igual forma, se castigará con uno a cuatro años de prisión y multa de dos mil a tres mil UMAs el uso de medios ilícitos o actos de hostigamiento para cobrar deudas civiles o mercantiles. Además, se aplicarán sanciones adicionales si se emplean documentos falsos o se usurpan funciones públicas o profesionales.
Tras la aprobación de estas adiciones al Código Penal del Estado, el Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, reafirmando así el compromiso de la LXV Legislatura con la protección legal de la ciudadanía tlaxcalteca y el combate a prácticas delictivas como el “Gota a Gota”.