El mar mexicano, territorio estratégico de la seguridad energética nacional, se ha convertido en un escenario de riesgo silencioso.
Entre 2019 y febrero de 2025, al menos 178 denuncias por delitos cometidos en plataformas marinas y embarcaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) han sido registradas oficialmente, con un quebranto económico superior a los 218 millones de pesos.
Los datos revelan una radiografía preocupante: la empresa más importante del país no tiene registros sistematizados de ataques en altamar, no cuenta con un reporte consolidado sobre personas lesionadas o fallecidas, y no proporcionó evidencia documental de estrategias visibles de prevención y reacción, pese a que los incidentes van desde robos, amenazas, incendios, hasta agresiones y casos de acoso sexual.
La respuesta institucional ha sido fragmentada y contradictoria.
Mientras la Dirección Jurídica de Pemex documenta con precisión fechas, localidades, número de denuncias y montos del quebranto por año, la Subdirección de Salvaguardia Estratégica aseguró no contar con información específica sobre ataques o incidentes de seguridad en altamar.
De manera insólita, remitió la solicitud al área de Exploración y Producción, que tampoco respondió con datos operativos.
Sin embargo, sí se entregó un anexo estadístico en el que se enumeran al menos 20 tipos de eventos críticos ocurridos en plataformas marítimas durante el periodo en cuestión:
86 robos o intentos de robo, 25 fugas de producto, más de 15 incendios, 10 agresiones físicas, tres casos de acoso sexual, un caso de violación, lesiones, amenazas, bloqueos e incluso daños a propiedad, sin que se precise la instalación exacta ni la respuesta de seguridad posterior.
El análisis de los eventos confirma que el robo es el incidente más recurrente, representando casi la mitad de todos los casos reportados (considerando tanto denuncias judicializadas como reportes internos de seguridad).
A los robos se suman accidentes de operación que provocaron fugas de hidrocarburos en más de una veintena de ocasiones, así como incendios que, aunque controlados, evidencian vulnerabilidad estructural en altamar.
Las agresiones físicas, amenazas directas y hasta hechos de violencia sexual forman parte de un catálogo de riesgos que excede el problema material de las pérdidas económicas.